IV.              POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES

1)                  Introducción

1.                   Desde el examen anterior de Chile, realizado en 1997, la aportación del sector agrícola y de la mayoría de los subsectores de servicios a la formación del PIB no ha experimentado variaciones en términos generales (cuadro IV.1), en tanto que la contribución del sector manufacturero y de la construcción al PIB total ha mostrado una tendencia a la baja.  Los sectores de la minería, el transporte y las comunicaciones han registrado tasas relativamente elevadas de crecimiento.

Cuadro IV.1

Composición del PIB, 1996-2002

(Porcentaje basado en los precios de 1996)

..              No se dispone de datos.

a              Incluye los servicios financieros, seguros, arrendamiento de inmuebles y servicios prestados a empresas.

b              Incluye la educación, la salud pública y los servicios privados y de otro tipo.

Nota:       Los datos correspondientes a 2000 y 2001 son provisionales;  los correspondientes a 2002 son preliminares.

Fuente:    Banco Central de Chile.

2.                   La agricultura, con inclusión de la pesca y la silvicultura, mantiene su gran importancia como fuente de empleo y de ingresos en divisas, al ser Chile uno de los mayores exportadores mundiales de frutas, pescado y harina de pescado y productos forestales.  La protección arancelaria de los productos agropecuarios ha disminuido desde el último examen de Chile, pero hay tres productos (el trigo, el azúcar y los aceites comestibles) sujetos a un sistema de bandas de precios, y al azúcar se le aplica un contingente arancelario.  Los productos agropecuarios no gozan de una protección específica, aunque suelen ser objeto de medidas de salvaguardia y en algunos casos están sujetos a plazos más largos para la supresión de los aranceles en el marco de los acuerdos comerciales preferenciales de Chile.  Se aplican diversas medidas encaminadas a aumentar la productividad en este sector.

3.                   El sector minero, altamente productivo, genera más del 42 por ciento de los ingresos de Chile en concepto de exportación de mercancías y es el principal destinatario de la inversión extranjera directa;  el cobre es el producto de exportación más importante.  El sector manufacturero gira en torno a la transformación de productos agropecuarios, forestales y minerales.  En principio, el arancel NMF uniforme del 6 por ciento que aplica Chile supone un trato neutral para los productos objeto de comercio, pero la existencia de reintegros de derechos y de acuerdos comerciales preferenciales podría distorsionar la estructura de protección.  En febrero de 2003 se dejaron de aplicar medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio en el sector del automóvil, pero la producción de productos de cobre se beneficia todavía de un programa de reservas de ese mineral que da acceso prioritario a un volumen limitado de insumos.

4.                   Los servicios son el sector más importante de la economía por su contribución al PIB y al empleo.  Las condiciones para la participación extranjera en el sector chileno de los servicios son mucho más liberales que las dimanantes de sus compromisos en el marco del AGCS.  Chile ha ratificado los Protocolos Cuarto y Quinto del AGCS sobre telecomunicaciones y servicios financieros, respectivamente.  La participación extranjera en el sector chileno de los servicios es considerable, especialmente en los servicios financieros y las telecomunicaciones.

5.                   No se imponen restricciones importantes a la inversión extranjera directa, aparte de las exenciones en materia de acceso a los mercados para la pesca y el transporte marítimo y en materia de trato nacional para las emisoras de radio y televisión.  La participación del Estado en la economía es muy limitada salvo en el sector minero, en el que es propietario de la principal empresa de producción de cobre que existe en el mundo.  Desde 1997, se ha asignado a operadores privados la concesión de varios puertos marítimos en el marco de la política chilena de privatización.

2)                  Agricultura, silvicultura y pesca

i)                    Características principales

6.                   El sector agropecuario (excluida la elaboración de sus productos) reviste importancia desde el punto de vista de la producción, el empleo y el comercio.  En 2002, su contribución al PIB fue del 4,3 por ciento, similar a la de 1996.  Según la estación, este sector emplea del 12,5 al 13,8 por ciento de la población económicamente activa.

7.                   En 2001, Chile exportó productos agropecuarios (definición de la OMC) por un valor total de 6.966 millones de dólares EE.UU., cifra que equivale al 37 por ciento de sus exportaciones totales.[1]  Chile es un importante exportador de uvas, vino y manzanas (cuadro IV.2).  Sus principales mercados de exportación para los productos agropecuarios son los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón.  En 2002 Chile importó productos agropecuarios por valor de unos 1.404 millones de dólares EE.UU., de los que alrededor del 35 por ciento procedieron de la Argentina;  las principales importaciones agropecuarias son la carne de bovino y el maíz.

Cuadro IV.2

Principales exportaciones agrícolas de Chile, 1996-2002

(Millones de dólares EE.UU., f.o.b.)

Fuente:    Autoridades chilenas.

8.                   El Censo Nacional Agropecuario de 1997 cifra en 330.000 el número de explotaciones agropecuarias de Chile, de las que algo más de 100.000 son explotaciones de subsistencia y 176.000 pequeñas explotaciones.  En tanto que el sector de los pequeños productores tiende a especializarse en la producción de hortalizas, flores y productos lácteos, las 17.000 explotaciones de tamaño mediano y las 9.500 empresas agropecuarias en gran escala, que controlan en conjunto el 77 por ciento de las tierras cultivables, se orientan a la actividad forestal, la fruticultura y la ganadería.  La superficie total destinada en Chile al cultivo, la ganadería y las plantaciones forestales es de unos 17,7 millones de hectáreas.  Las autoridades señalan que, como consecuencia de la liberalización del comercio, en los últimos años se ha registrado una diversificación de la producción agropecuaria, incluida una tendencia a pasar de los cultivos anuales a la producción de frutas y hortalizas y a la ganadería (cuadro IV.3).

Cuadro IV.3

Variaciones en la utilización de tierras de cultivo, regiones III a IX, 1988-2002

a              Datos preliminares.

Fuente:    Datos facilitados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.

ii)                  Objetivos e instrumentos de política

9.                   Es el Ministerio de Agricultura el que formula las políticas del sector agropecuario.  El Ministerio apoya al sector tanto directamente como a través de varias organizaciones dependientes de él, entre las que destacan el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF).  Las autoridades indicaron que la entrada en nuevos mercados internacionales es una de las principales prioridades de la política agrícola de Chile.

10.               En razón de la importancia económica del sector, Chile ha participado activamente en las negociaciones en curso de la OMC sobre la agricultura.  Chile ha formulado propuestas en este ámbito como país perteneciente al Grupo de Cairns, del que es miembro fundador.  En la Conferencia Ministerial de Doha, celebrada en 2001, Chile reiteró la importancia de la agricultura en una nueva ronda de negociaciones.[2]  Afirmó que era necesario establecer objetivos claros en relación con la eliminación de las subvenciones a la exportación, una reducción sustancial de las medidas de ayuda interna que distorsionan el comercio y una reducción significativa de los obstáculos al acceso a los mercados.

11.               Chile y otros Miembros propusieron que, en el ámbito de las negociaciones sobre la agricultura, los Miembros debían acordar el establecimiento de disciplinas para las actividades de las empresas gubernamentales y no gubernamentales y las entidades de comercialización que se benefician de derechos de monopolio sobre las importaciones y exportaciones, con objeto de evitar que se produzcan efectos de distorsión en el mercado.[3]

12.               Asimismo, Chile y otros Miembros señalaron que los créditos a la exportación, las garantías de créditos a la exportación y los programas de seguros de exportación del sector de la agricultura debían estar sujetos a una disciplina multilateral específica en el marco de la OMC a fin de poner término a la subvención de esos créditos por los gobiernos.[4]

13.               Desde que en 1997 se realizó el último examen de Chile, la protección arancelaria concedida a los productos agropecuarios ha disminuido conforme se liberalizaba progresivamente el régimen comercial de Chile.  Todos los productos agropecuarios están gravados con un arancel NMF del 6 por ciento, con la excepción de los aceites comestibles, el azúcar, el trigo y la harina de trigo, para los que existe un sistema de bandas de precios (que se describe más adelante).  Si bien Chile consolidó la mayoría de las líneas arancelarias contenidas en los capítulos 1 a 97 del Sistema Armonizado a un tipo uniforme del 25 por ciento, determinados productos agropecuarios están sujetos a un tipo consolidado del 31,5 por ciento.  Se trata de los productos lácteos, el trigo y la harina de trigo, las semillas y frutos oleaginosos y las grasas y aceites vegetales.  A raíz de las negociaciones sobre el artículo XXVIII, el tipo consolidado para el azúcar se incrementó al 98 por ciento.

14.               En la mayoría de los acuerdos preferenciales de Chile, diversos productos agrícolas están sujetos a plazos más prolongados para la eliminación de los aranceles y éstos son más elevados en promedio que los que se aplican a los productos no agrícolas.  En marzo de 2003, el promedio de los tipos arancelarios aplicados a las importaciones agropecuarias era del 0,9 por ciento para el Canadá, el 1,5 por ciento para Costa Rica, el 1,8 por ciento para El Salvador, el 1,3 por ciento para la Unión Europea, el 0,8 por ciento para los países del MERCOSUR y el 0,5 por ciento para México (cuadro III.2).  El azúcar, el trigo y los aceites vegetales están sujetos a plazos de eliminación particularmente prolongados.

15.               La mayor parte de las medidas de salvaguardia definitivas impuestas por Chile desde la promulgación de la legislación sobre salvaguardias en 1999 afectó a productos agrícolas y alimenticios (véase también el capítulo III 2) ix));  los productos en cuestión eran el trigo, el azúcar, los aceites vegetales comestibles, la fructosa y los jarabes de fructosa y la leche UHT en polvo y líquida.  La medida definitiva de salvaguardia de Chile para el azúcar dio lugar a la solicitud de consultas en el marco de la OMC por parte de Colombia, a la que más tarde se unieron Cuba, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.[5]  La Argentina solicitó la celebración de consultas en relación con la medida de salvaguardia provisional aplicada a las mezclas de aceites comestibles y con la medida definitiva para la fructosa.[6]  Sin embargo, ninguna de las consultas ha dado origen hasta ahora al establecimiento de un grupo especial.

16.               La intervención del Estado en la producción y comercialización agrícolas es muy limitada.  Chile ha notificado como empresa comercial del Estado a la entidad Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA) (capítulo III 4) iii)).[7]  El Estado no es propietario de tierras agrícolas comerciales.

17.               Chile ha notificado a la OMC que no otorga subvenciones a las exportaciones agrícolas.[8]  Según las autoridades, ofrece ayuda interna en concepto de investigación agrícola y de formación, inspección, infraestructura y otros servicios conexos;  el valor total de esta ayuda ascendió a unos 59.000 millones de pesos chilenos en 2000 (unos 110 millones de dólares EE.UU.).  Las autoridades indicaron asimismo que en el sector agropecuario no se aplican restricciones de precios o controles de producción ni se concede apoyo directo a los ingresos.

18.               La inversión pública en el sector agropecuario se concentra principalmente en proyectos de riego, para los que el Gobierno chileno proporciona una ayuda anual cercana a los 70 millones de dólares EE.UU.  Durante el período comprendido entre 2000 y 2010, el Gobierno tiene previsto llevar a cabo nuevos proyectos de riego en una superficie de 300.000 hectáreas y mejorar proyectos existentes en 400.000 hectáreas.[9]  La Comisión Nacional de Riego (CNR) se ocupa de formular, coordinar y aplicar las políticas nacionales de riego.  Además, administra la Ley Nº 18.450 de 30 de octubre de 1985, que prevé la concesión de subvenciones para proyectos de riego privados en pequeña escala.

19.               Los productores agrícolas cuyas ventas netas anuales sean inferiores a 14.000 UF (unidades de fomento), equivalentes a unos 333.200 dólares EE.UU., tienen acceso al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, que ofrece garantías de créditos para proyectos de inversión y para las exportaciones (capítulo III 3) vi)).  Por otra parte, la División de Alimentación y Agronegocios de ProChile presta apoyo a las empresas agrícolas para diversificar sus exportaciones, facilitándoles información sobre oportunidades comerciales y asistencia para establecer contactos con compradores extranjeros.

20.               El INDAP y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) están realizando un programa conjunto que contribuirá a la recuperación del suelo empobrecido.  El programa cuenta con un presupuesto de unos 35 millones de dólares EE.UU. y proporciona apoyo financiero para la compra de fertilizantes y la conservación del suelo.

21.               El SAG se ocupa de todas las cuestiones relacionadas con la sanidad animal y vegetal y ha sido notificado como servicio nacional de información de Chile con arreglo al Acuerdo MSF.[10]  El SAG se encarga también de negociar los acuerdos bilaterales de certificación.  Las autoridades pusieron de relieve el alto nivel de las normas sanitarias y fitosanitarias de Chile, y lo que es aún más digno de señalar, que este país está libre de la EEB y de la fiebre aftosa.

22.               El Ministerio de Agricultura estableció en 2002 un plan de seguro agrícola que permite a los agricultores concertar un seguro contra las pérdidas de cultivos ocasionadas por diversos fenómenos meteorológicos.  El seguro es ofrecido por empresas privadas, pero el Estado paga el 50 por ciento de las primas y además una suma fija de 1,5 UF, hasta un máximo de 55 UF por operación agrícola.[11]  El presupuesto para 2003 prevé contribuciones de 2,5 millones de dólares EE.UU. a ese plan.

23.               La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura fomenta la investigación y el desarrollo agrícolas.  Su objetivo es estimular la innovación agrícola, para lo que sufraga hasta el 70 por ciento del costo de los proyectos de investigación y desarrollo agrícolas.  El presupuesto de la FIA para 2003 es de 4.400 millones de pesos chilenos (unos 6,2 millones de dólares EE.UU.).  El Ministerio de Agricultura tiene también su propio centro de investigación, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), con un presupuesto para 2003 de 7.300 millones de pesos chilenos (10,2 millones de dólares EE.UU.).

24.               Se han establecido diversas medidas de política para mejorar la situación de los pequeños productores agropecuarios.  El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que es la principal institución pública en este sector, ofrece servicios tales como microcréditos, programas de riego y recuperación de suelos empobrecidos, ayuda a cooperativas y medidas generales de creación de capacidad.  Su presupuesto para 2003 es de 107.000 millones de pesos chilenos (unos 150 millones de dólares EE.UU.).

iii)                Principales subsectores

a)         Sector agroalimentario

25.               Chile es uno de los mayores exportadores del mundo de frutas frescas y elaboradas.  Cuenta con unos 7.800 productores de fruta que en 2003 cultivan más de 211.000 hectáreas, frente a las 187.000 hectáreas de 1996.  La producción consiste principalmente en uvas, manzanas, aguacates y peras;  la producción del sector aumentó a 3,3 millones de toneladas en el año 2000.

26.               Además de gozar de un clima y una configuración geográfica favorables, el emplazamiento de Chile en el hemisferio sur permite a los productores orientar su producción a los mercados de productos de fuera de temporada del hemisferio norte, lo cual da a los exportadores, especialmente de frutas frescas, una importante ventaja competitiva.  Por otra parte, cerca del 35 por ciento de la superficie cultivada de Chile es de regadío, frente a una media del 13,7 por ciento en el conjunto de América Latina.

27.               En la zona septentrional de Chile (regiones I a VII) la agricultura, que se basa en el riego artificial, está orientada a la exportación.  En cambio, los productores del sur de Chile (regiones VIII a XII), donde predominan la ganadería y los cultivos anuales, destinan la mayor parte de su producción al mercado nacional.

28.               La producción y las exportaciones de vino han seguido creciendo a un ritmo acelerado.  La superficie plantada de uvas de vino aumentó de 54.000 hectáreas en 1995 a 102.000 hectáreas en 2002.  Las exportaciones de vinos con denominación de origen pasaron de 187 millones de dólares EE.UU. en 1996 a 473 millones en 2002, en tanto que las de otros tipos de vino aumentaron de 46 millones a 126 millones de dólares EE.UU. durante el mismo período.

29.               La inversión extranjera directa en la agricultura y la ganadería alcanzó un promedio anual de 30 millones de dólares EE.UU. entre 1996 y 2002.  Los inversores extranjeros gozan de los derechos que les confiere el Estatuto de la Inversión Extranjera (capítulo II 4)).  La presencia de empresas extranjeras ha contribuido a aumentar la productividad del sector, favoreciendo una importante modernización no solamente de los métodos de producción sino también de las técnicas de comercialización y de marcaje, y ha potenciado la integración del sector en los circuitos internacionales de comercialización y distribución.  Los extranjeros pueden ser propietarios de tierras agrícolas sin restricciones.

30.               Chile mantiene un sistema de bandas de precios (SBP) para los aceites comestibles, el azúcar, el trigo y la harina de trigo (capítulo III 2) v)).

31.               En junio de 1997 la Unión Europea solicitó la celebración de consultas en relación con el régimen fiscal de las bebidas alcohólicas de Chile;  en esas consultas no fue posible alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes.  El grupo especial de solución de diferencias de la OMC que se estableció posteriormente concluyó que Chile actuaba de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo III del GATT de 1994 (sobre el trato nacional) al otorgar al pisco un trato fiscal preferencial frente a otras bebidas alcohólicas.[12]  La legislación revisada de Chile, la Ley Nº 19.716 de 9 de febrero de 2001, estableció un ajuste gradual de los tipos impositivos aplicados a las diferentes bebidas alcohólicas durante un período transitorio que concluiría en marzo de 2003;  desde entonces, todas las bebidas espirituosas están sujetas al mismo tipo específico del 27 por ciento.

32.               En enero de 2002 entró en vigor un contingente arancelario para el azúcar refinado, introducido por Chile a raíz de la renegociación que llevó a cabo en el marco del artículo XXVIII (capítulo III 2) vi)).  El tipo aplicado fuera del contingente, que se determina mediante el sistema de banda de precios, era del 40,6 por ciento en marzo de 2003;  el tipo aplicado dentro del contingente era del 0 por ciento para un contingente anual de 60.000 toneladas.  Las autoridades indicaron que, tanto en 2002 como en 2003, el contingente se utilizó en pocos días.

b)         Silvicultura

33.               Chile cuenta con extensas plantaciones de especies de madera blanda, en su mayor parte de pinos y eucaliptos.  Las plantaciones forestales abarcan una superficie de 2,1 millones de hectáreas, equivalentes al 18 por ciento de la superficie total cubierta de bosques y al 2,8 por ciento del territorio nacional.

34.               Según estimaciones de las autoridades, en 2001 el sector forestal supuso el 0,7 por ciento del PIB;  además, la elaboración de madera y productos madereros aportó al PIB cerca del 1,4 por ciento y la producción de papel el 1,9 por ciento.  Las exportaciones de productos madereros ascendieron durante ese mismo año a 968 millones de dólares EE.UU.  Chile es el tercer exportador mundial de astillas de madera y exporta también casi el 50 por ciento de su producción de madera para aserrar, tableros de madera y pasta de madera blanda.  La producción de papel se destina casi en su totalidad al consumo nacional.

35.               La Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura, es el organismo que regula el sector forestal de Chile, de conformidad con la Ley de Bosques (Decreto Supremo Nº 4.363) de 1931, el Decreto Ley Nº 701 de 1974 y la Ley Nº 19.300 de 9 de marzo de 1994.  Por otra parte, el Instituto Forestal (INFOR), dependiente también del Ministerio de Agricultura, lleva a cabo actividades de investigación para fomentar el aprovechamiento sostenible de los bosques chilenos.

36.               El Decreto Ley Nº 701 dispone que la CONAF debe autorizar el uso de la tierra para el establecimiento de plantaciones forestales a la empresa que lo haya solicitado y después de haber estudiado las características del territorio.  La Ley establece también los requisitos en materia de repoblación forestal para la explotación de los bosques plantados.  Contiene disposiciones especiales para las pequeñas empresas del sector forestal, que están exentas, por ejemplo, de la realización de estudios de reforestación y planes de aprovechamiento, pero no de los requisitos relativos a la repoblación forestal.  La Ley Nº 19.300 determina los principios de la protección medioambiental en Chile.  Asimismo, las autoridades indicaron que en junio de 2003 el Congreso estaba tramitando una legislación destinada a garantizar un aprovechamiento más sostenible de los bosques autóctonos de Chile.

c)         Pesca y acuicultura

37.               La contribución de la pesca y la acuicultura al PIB aumentó del 1,2 por ciento en 1996 al 1,5 por ciento en 2002.  En comparación con otros sectores de la economía, la inversión extranjera directa es bastante reducida en el sector pesquero, con un promedio anual inferior a 27 millones de dólares EE.UU. entre 1996 y 2002.  Al tiempo que ha aumentado la importancia de la acuicultura, el volumen de capturas ha descendido desde mediados del decenio de 1990 (cuadro IV.4).  Según las autoridades, el descenso se debe a la explotación excesiva de las poblaciones en descenso de determinadas especies muy migratorias, llevada a cabo sobre todo por flotas de terceros países que operan cerca de las aguas territoriales de Chile, a la imposición de controles más estrictos y a la reducción a 370 del número de grandes embarcaciones de la flota nacional, que sumaban unas 900 a comienzos del decenio de 1990.

38.               Las exportaciones de productos pesqueros aumentaron de 1.772 millones de dólares EE.UU. en 1996 a 1.959 millones en 2002 (cuadro IV.5).  Chile sigue siendo el segundo exportador mundial de harina de pescado y salmón cultivado.

Cuadro IV.4

Volumen de capturas de las principales especies, 1997-2001

(Miles de toneladas)

Fuente:    Ministerio de Economía, Subsecretaría de Pesca.

Cuadro IV.5

Principales exportaciones del sector pesquero, 1996-2002

(Miles de dólares EE.UU.)

Fuente:    Autoridades chilenas.

39.               La acuicultura ha cobrado mayor importancia y en 2001 se habían otorgado ya más de 2.250 concesiones para el cultivo de peces, moluscos y algas.  El cultivo de peces (711 concesiones) se lleva a cabo principalmente en las regiones X y XI del sur de Chile, siendo el salmón y la trucha las especies cultivadas más importantes.  El cultivo de moluscos (740 concesiones) y de algas (693 concesiones) se concentra en la región X.  Gracias a su situación geográfica favorable y al bajo costo de los insumos, Chile se ha convertido en el segundo exportador mundial de salmón cultivado después de Noruega, con una cuota del mercado mundial del 20 por ciento.

40.               La Subsecretaría de Pesca, que depende del Ministerio de Economía, es el órgano que regula el sector pesquero, de conformidad con la Ley General de Pesca y Acuicultura de 21 de enero de 1992.  El Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) está encargado de emitir y aplicar los reglamentos técnicos y las prescripciones sanitarias en ese sector.

41.               La Ley General de Pesca y Acuicultura establece sistemas específicos para limitar el acceso a la pesca con el fin de mantener un nivel sostenible de explotación de los recursos existentes:  i) un régimen general de acceso;  ii) un régimen para las especies que son objeto de plena explotación;  iii) un régimen para las pesquerías que se están recuperando;  y iv) un régimen para las pesquerías incipientes.  Los permisos para la explotación de las especies clasificadas en el régimen general de acceso o de las que son objeto de plena explotación se otorgan por lo general en forma automática, pero eso no ocurre así en determinados casos, por ejemplo cuando la solicitud es presentada por un buque factoría.  Las licencias para explotar especies de desarrollo incipiente o en proceso de recuperación se otorgan por 10 años, a través de un mecanismo de licitación pública.  Las licencias son transferibles y se especifican como parte de un contingente global.

42.               En junio de 2003, el Congreso estaba tramitando una nueva legislación pesquera.  Las autoridades indicaron que el proyecto de ley establece un sistema revisado de contingentes, basados en la capacidad instalada de almacenamiento y en el promedio de capturas del pasado.

43.               Se reserva para la pesca artesanal, definida como la que practican embarcaciones de menos de 18 metros de eslora y un arqueo bruto inferior a 50 toneladas, una franja de 5 millas marítimas a lo largo de todo el litoral del país y los fiordos y canales de la zona austral.  Además, el sector de la pesca artesanal tiene acceso al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios y al Fondo de Fomento para la Pesca Artesanal, que financia inversiones en equipo de hasta 15 millones de pesos chilenos (21.200 dólares EE.UU.).  El sector pesquero está excluido de los beneficios del régimen de zonas francas y de los programas públicos de crédito a la exportación.

44.               No se permite a extranjeros pescar en aguas chilenas ni ser propietarios de centros de acuicultura, a menos que sean residentes permanentes o estén inscritos como sociedad en Chile.  Para inscribir una empresa pesquera en el registro, más del 50 por ciento del capital debe ser de origen nacional y la inversión ha de ser aprobada por el Comité de Inversión Extranjera (capítulo II 3)).  Sin embargo, en virtud del artículo 11 del Decreto Ley Nº 2.222 de 31 de mayo de 1978, es posible la participación extranjera en el sector pesquero sin restricciones de capital a condición de que haya reciprocidad.

45.               De conformidad con el artículo 80 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el Ministerio de Defensa otorga concesiones a empresas dedicadas a la acuicultura.  Las concesiones son transferibles, y todas ellas, ya sean nuevas o transferidas, se publican en el Registro Nacional de Acuicultura.  Para la práctica de la acuicultura es necesario disponer de una concesión del SERNAPESCA.  La Ley confiere asimismo al sector de la acuicultura derechos exclusivos para utilizar determinados territorios (extensiones de agua o del fondo marino).

46.               Por razones sanitarias, los productos pesqueros que hayan de ser utilizados como insumos para elaborar productos de exportación o como cebo sólo pueden importarse con autorización del SERNAPESCA.  Las normas sanitarias de Chile relativas al sector pesquero se publican en línea.[13]  El SERNAPESCA reconoce todos los resultados de las pruebas y los certificados oficiales que facilite el país de origen.

47.               Las embarcaciones pesqueras figuran entre los artículos de las 95 líneas arancelarias que se pueden importar en franquicia arancelaria.  El caviar está gravado con un impuesto de lujo del 15 por ciento (capítulo III 2) vii)).

48.               El Fondo de Investigación Pesquera (FIP) financia actividades de investigación encaminadas a mejorar la administración de las pesquerías y de la acuicultura.  Se financia mediante consignaciones del presupuesto público y derechos en concepto de licencias para la pesca y la acuicultura, y es administrado por el Consejo de Administración Pesquera, que establece el programa anual de investigación.  Los proyectos de investigación se anuncian en el Diario Oficial y en un periódico de gran difusión.  Las instituciones de investigación que desean recibir fondos deben participar en un concurso público.  El Fondo financia actualmente 30 proyectos por valor de 2.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos 2,9 millones de dólares EE.UU.

49.               En enero de 1998, los Estados Unidos impusieron derechos antidumping provisionales a las exportaciones de salmón del Atlántico fresco y refrigerado procedentes de Chile;  la medida pasó a ser definitiva en julio de 1998, con unos márgenes antidumping del 0,16 al 10,69 por ciento.  La Unión Europea inició en julio de 2002 investigaciones antidumping sobre las exportaciones de salmón procedentes de Chile;  a mediados de 2003 no se había adoptado medida alguna.[14]

50.               En abril de 2000, la Unión Europea (UE) solicitó la celebración de consultas con Chile en relación con medidas que afectaban al tránsito y a la importación de pez espada, señalando que en virtud de la legislación de Chile no se permitía a las embarcaciones de pesca de la UE desembarcar peces espada en puertos chilenos para almacenarlos ni para transbordarlos a otras embarcaciones.[15]  Al no haberse alcanzado una solución satisfactoria para ambas partes, la Unión Europea solicitó el establecimiento de un grupo especial en noviembre de 2000.[16]  En marzo de 2001, ambas partes comunicaron a la OMC que habían llegado a un acuerdo provisional y habían convenido en suspender el proceso de establecimiento del grupo especial.[17]  El acuerdo provisional prevé una investigación conjunta de la cuestión, al tiempo que permite el acceso temporal de cuatro embarcaciones de la UE a puertos chilenos para descargar o transbordar peces espada.

51.               Junto con otros Miembros, Chile ha presentado al Grupo de Negociación sobre las Normas un documento temático que propugna la mejora de las disciplinas de la OMC en el sector pesquero.[18]  Asimismo, Chile y otros Miembros han presentado una comunicación en la que se esbozan distintos métodos de clasificación de los programas y subvenciones relacionados con la pesca.[19]

3)                  Minería

52.               El sector de la minería representó el 8,2 por ciento del PIB de Chile en 2002, frente al 6,7 por ciento en 1996.  El empleo en el sector disminuyó del 1,8 por ciento de la fuerza de trabajo al 1,3 por ciento en ese mismo período, lo que evidencia un fuerte aumento de la productividad de la mano de obra.  La inversión extranjera directa tiene gran importancia en la minería y entre 1996 y 2002 superó en promedio la cifra de 1.300 millones de dólares EE.UU. anuales.  Las exportaciones de productos de la minería ascendieron a 7.900 millones de dólares EE.UU. en 2001, es decir el 42,1 por ciento de las exportaciones totales.

53.               Chile, con una gran diversidad de minerales de gran calidad y más de un siglo de experiencia en la minería, cuenta con una de las industrias mineras mayores y más desarrolladas del mundo.  Es el principal proveedor mundial de cobre y minerales y concentrados de cobre, y sus reservas conocidas de cobre se cifran en 165 millones de toneladas.  Es también un productor importante de oro, manganeso, molibdeno, plata y cinc.  Desde que se realizó el último examen de Chile en 1997, ha seguido aumentando la producción de la mayor parte de los minerales (cuadro IV.6).

Cuadro IV.6

Producción de determinados minerales, 1996-2002

(Toneladas)

Fuente:    Comisión Chilena del Cobre.

54.               La producción total de cobre ascendió a unos 4,6 millones de toneladas en 2002 (cuadro IV.7).  En 2001, las exportaciones de productos de cobre reportaron unos ingresos totales de 6.500 millones de dólares EE.UU., de los que 4.100 millones correspondieron a los cátodos de cobre y 2.000 millones a los concentrados de cobre.  Los principales mercados de exportación de cobre chileno son los Estados Unidos, el Japón, China, Italia y Francia.

Cuadro IV.7

Producción de cobre, 1996-2002

(Miles de toneladas de cobre refinado)

a              Comprende cobre electrolítico procedente de los yacimientos de Tres Estrellas y Mantos Blancos.

b              Comprende cobre de cementación y concentrados, escorias y minerales de cobre.

c              Suministro de cobre a industrias manufactureras nacionales (fabricación de tubos, alambre, etc.) para el consumo interno y manufacturas de exportación.

Fuente:    Banco Central de Chile, Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO).

55.               El Estado sigue desempeñando un papel fundamental en el sector minero de Chile, especialmente en la producción de cobre.  Esta participación se realiza a través de las empresas estatales Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) y Empresa Nacional de Minería (ENAMI), primer y octavo exportadores de productos de cobre del mundo.  Según las autoridades, no existen planes para privatizar esas empresas.

56.               La CODELCO sigue siendo la principal empresa productora de cobre del mundo y es también una de las principales productoras de molibdeno.  En 2001 produjo 1,7 millones de toneladas de cobre (cuadro IV.8), cifra que equivale a cerca del 12,5 por ciento de la producción mundial, frente a 1,2 millones de toneladas en 1996.  El 10 por ciento del valor de las ventas externas de la empresa se destina a las Fuerzas Armadas, mientras que sus beneficios se ingresan en el presupuesto general del Estado.  La CODELCO participa asimismo en proyectos mixtos con empresas nacionales y extranjeras, dentro y fuera de Chile, para la exploración geográfica y la producción de electricidad, así como la de equipo de minería y otros productos manufacturados como el cable de metal.

Cuadro IV.8

Producción y ventas de CODELCO, 1996-2002

a              Comprende la participación de CODELCO en El Abra.

b              Comprende las ventas de cobre adquirido a terceros.

c              Comprende las ventas de cobre adquirido a terceros y de subproductos.

Fuente:    Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO).

57.               Al igual que en otros sectores, los inversores extranjeros en la industria minera de Chile pueden celebrar un contrato con el Estado al amparo del Decreto Ley Nº 600, que autoriza y protege la inversión (capítulo II 4)).  En virtud de ese Decreto, los inversores en el sector minero disponen de ocho años para aportar el capital, en tanto que en otros sectores el plazo es de tres años.  Cuando se necesitan prospecciones previas, el Comité de Inversión Extranjera puede ampliar el plazo hasta 12 años.

58.               El Ministerio de Minería es el responsable de la política minera.  Además, cada gobierno regional tiene su propia Secretaría Regional Ministerial de Minería (SEREMI).  El Ministerio cuenta con dos órganos asesores principales:  la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).  La COCHILCO asesora al Gobierno sobre las políticas del sector minero, supervisa y evalúa el funcionamiento de las empresas mineras estatales y asesora al Comité de Inversión Extranjera de Chile con respecto a la aprobación de los contratos de inversión.  El SERNAGEOMIN se encarga del estudio geológico del país, de la actualización de los datos sobre recursos minerales, del mantenimiento y actualización de un registro de todas las concesiones mineras y del registro oficial de tierras mineras, así como de la vigilancia de las condiciones de seguridad en el sector.

59.               El Consejo Minero, creado en 1998, representa a las principales empresas mineras de Chile.  Está integrado por 17 empresas extranjeras y nacionales, incluidas las estatales.  Las empresas mineras privadas se agrupan en la Sociedad Nacional de Minería.  El Centro de Investigación Minero Metalúrgico (CIMM) es un organismo privado, especializado en investigaciones aplicadas, que presta servicios a empresas mineras tanto estatales como privadas.

60.               El artículo 19, Nº 24, de la Constitución chilena establece que el Estado es el único propietario de todos los minerales in situ, con independencia de quién sea el propietario de la tierra.  Sin embargo, el sistema de concesiones permite a los extranjeros hacer exploraciones o explotar minerales y les otorga el trato nacional;  el precio de esas concesiones no está relacionado con la producción efectiva.

61.               Los procedimientos para la concesión de licencias de exploración y explotación se establecen en la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Ley Nº 18.097) de 21 de enero de 1982 y en el Código de Minería (Ley Nº 18.248) de 14 de octubre de 1983.  Se pueden otorgar concesiones sobre todas las sustancias minerales, incluso las existentes en el subsuelo de las aguas marítimas a las que se tenga acceso por túneles desde tierra.

62.               Sin embargo, no se pueden otorgar concesiones para la explotación de litio, de hidrocarburos, cualquiera que sea su estado, o de yacimientos situados en el fondo marino a los que no se pueda acceder desde tierra.  En cambio, el Estado puede ofrecer un contrato operativo que permite a cualquier persona (nacional o extranjera) explotar esos minerales para los que no se otorgan concesiones.  Los contratos autorizan la explotación de un mineral determinado durante un período establecido, para lo cual el Estado concede los necesarios permisos y licencias;  se están celebrando contratos de ese tipo para la explotación del petróleo.

63.               Las importaciones de minerales están sujetas al derecho habitual del 6 por ciento.  Las empresas mineras están excluidas de los beneficios derivados del régimen de zonas francas, los programas de financiación de las exportaciones y el sistema simplificado de reintegro de derechos.  No obstante, el Decreto Supremo Nº 135 del Ministerio de Hacienda, de 18 de abril de 1983, autoriza a las refinerías mineras y de petróleo a importar materias primas a tipos de derechos e impuestos reducidos, a condición de que sean exportadas después de haber sido transformadas.  Además, en virtud de la Ley Nº 19.709 de 10 de enero de 2001 se estableció la zona franca de Tocopilla, que se beneficia de un régimen similar al de otras zonas francas, aunque en este caso limitado a las empresas del sector minero (capítulo III 4) iv)).

64.               Las autoridades indicaron que no existe un régimen fiscal especial para el sector minero.  El Gobierno ha creado un Fondo de Estabilización del Cobre pare reducir la variabilidad de los ingresos fiscales (capítulo I 2) ii)).

65.               De conformidad con la Ley Nº 16.624 de 15 de mayo de 1967, por la que se estableció la Reserva de Cobre, todas las empresas mineras con una producción anual superior a 75.000 toneladas de cobre refinado, electrolítico o blister están obligadas a suministrar esos productos al sector manufacturero nacional a los precios f.o.b. internacionales en vigor.  Para ello, las empresas manufactureras nacionales presentan al COCHILCO, que administra la Reserva, una solicitud anual en la que especifican sus necesidades de cobre.  Según las autoridades, el volumen del cobre administrado en el marco de ese plan asciende a unas 80.000 toneladas al año.  Las autoridades indicaron además que el proyecto de ley sobre diversas cuestiones relacionadas con la OMC prevé la abolición de la Reserva de Cobre (capítulo II 2) iii)).

4)                  Energía

66.               La Comisión Nacional de Energía (CNE) regula el sector de la electricidad de Chile, de conformidad con la Ley Eléctrica (Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1982).  La CNE está encargada de formular la política del sector energético y de regular las tarifas eléctricas;  su Consejo Directivo está integrado por los ministros de Economía, Minería, Hacienda y Defensa y el Secretario General de la Presidencia.  El Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) es un organismo autónomo que agrupa a las principales empresas generadoras en cada una de las redes de suministro regionales y coordina el funcionamiento de las unidades generadoras y las líneas de transmisión.  La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) se encarga de establecer y hacer cumplir los reglamentos técnicos en el sector energético.  Las autoridades chilenas que se ocupan de la competencia supervisan el comportamiento del mercado de la electricidad (capítulo III 4) i)).

67.               Alrededor del 38 por ciento de la capacidad instalada de generación de energía es de origen hidroeléctrico.  La capacidad de generación de Chile es de unos 11.146 MW, pero su producción real de electricidad en 2002 fue de 45.483 GWh.  La industria del cobre es con mucho el principal consumidor industrial de energía.  El sector energético de Chile fue privatizado en el decenio de 1980;  ese proceso se completó en 1998, año en que el Estado vendió a un inversor privado su participación mayoritaria en la empresa productora de energía Edelaysen S.A.

68.               La mayoría de las empresas chilenas de generación de electricidad se agrupan en torno a cuatro redes de suministro:  el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que representa del orden del 33 por ciento de la capacidad del país;  el Sistema Interconectado Central (SIC), con el 61 por ciento aproximadamente de la capacidad instalada;  y los sistemas de Aysén y Magallanes, en el sur, que tienen cada uno menos del 1 por ciento de la capacidad instalada.  Además, los productores para sus propios fines representan el 5 por ciento aproximadamente de la capacidad de generación.  Empresas del sector privado se encargan de transportar a las empresas de distribución, a los consumidores finales y a otras empresas generadoras la electricidad que venden las plantas generadoras.  Chile cuenta con 13 grandes distribuidores de electricidad.

69.               En virtud de la Ley Eléctrica se requiere una concesión para la construcción de centrales hidráulicas productoras de energía y líneas de transporte de energía eléctrica.  Existen disposiciones antimonopolio que prohíben a las compañías generadoras poseer activos de transporte de energía eléctrica.  Se permite la inversión extranjera en todas las actividades, incluidos el transporte y la generación de electricidad hidráulica.  Las autoridades indican que la mayor parte de la capacidad de generación y transporte es propiedad de extranjeros.

70.               En el mercado chileno hay dos tipos de consumidores, clasificados según sus necesidades de energía eléctrica.  Los que necesitan 2 MW o más -un centenar de grandes empresas industriales y mineras- son considerados consumidores libres y pueden negociar acuerdos de compra de electricidad con las compañías generadoras.  Los consumidores que necesitan menos de 2 MW son considerados consumidores regulados y abonan una tarifa fija que calcula la CNE.  Cada cuatro años se determina el componente de la tarifa correspondiente al valor de la distribución y se actualizan los precios de los nodos.

71.               La dependencia del Sistema Interconectado Central de Chile respecto de la electricidad hidráulica fue sometida a una dura prueba durante el período de sequía de 1998-99, en el que las centrales hidroeléctricas solamente produjeron el 60 por ciento del consumo de energía, en lugar del 80 por ciento que es el porcentaje normal.  Con anterioridad a esa crisis, la CNE había estudiado ya la posibilidad de aumentar la proporción de combustibles alternativos, y en 1997 se había empezado a importar gas natural argentino.  Se prevé que en 2010 la proporción del gas natural en el conjunto de las fuentes energéticas de Chile será del 33 por ciento aproximadamente.

72.               En 2001, Chile importó 1.386 GWh de electricidad por valor de 32,6 millones de dólares EE.UU.  Esas importaciones fueron realizadas en su totalidad por el Sistema Interconectado del Norte Grande y procedieron de una planta generadora de la Argentina.  La CNE ha anunciado que fomentará la inversión privada en interconexiones entre los sistemas del norte y el centro y, si es económicamente viable, en una interconexión entre el sistema central y la red eléctrica argentina.  El sector privado está considerando también la posibilidad de establecer una línea de transmisión para exportar electricidad a un proyecto minero de Bolivia.

73.               La expansión de la electrificación en las zonas rurales es una de las prioridades del Gobierno desde 1994, año en que estableció el Programa de Electrificación Rural (PER), coordinado por la CNE.  El objetivo inicial del programa era que el 75 por ciento de los hogares rurales tuvieran electricidad en el año 2000.  La CNE superó ese objetivo, al alcanzar un índice de cobertura del 78 por ciento a nivel nacional en diciembre de 2000, y lo ha revisado, situándolo en la electrificación del 90 por ciento de los hogares rurales al final de 2005.

74.               El Congreso está tramitando actualmente un proyecto de ley de electricidad, que modernizará el sector eléctrico de Chile al abordar cuestiones tales como la regulación de los precios del transporte y los servicios complementarios y los métodos para calcular el precio de los nodos.

75.               Las empresas dedicadas al transporte, almacenamiento y venta de combustibles deben inscribirse en el registro de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.  En 2001, Chile importó petróleo crudo y derivados del petróleo por valor de unos 2.100 millones de dólares EE.UU.  La producción de petróleo de Chile permite atender el 3 por ciento de la demanda nacional.  El tipo de los derechos de importación que se aplican al petróleo crudo y a los productos del petróleo es el 6 por ciento, aunque los derechos efectivamente pagados son muy inferiores al ser importada la mayor parte del petróleo de países con los que Chile tiene acuerdos comerciales preferenciales.

76.               Refinerías locales de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), de propiedad estatal, cubren el 90 por ciento aproximadamente de la demanda de combustibles del país.  Las autoridades destacaron que las refinerías de la ENAP compiten con productos importados y que cualquier inversor interesado puede participar en el mercado de la refinación.

77.               El Gobierno creó en 1991 el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) con el fin de estabilizar los precios internos de los productos del petróleo.  El Fondo aplica una banda de precios a cinco productos del petróleo (gasolina, queroseno, gasóleo, fueloil y gas licuado).  Los límites de cada banda de precios se sitúan en un 12,5 por ciento por encima y por debajo de un precio central de referencia que se fija cada semana.  Esos límites se comparan con un precio de paridad, basado en el promedio de los precios internacionales pertinentes, al que se añaden el costo, el seguro, el flete y los derechos de aduana.  Cuando el precio de paridad excede del límite superior de la banda de precios, la diferencia se compensa íntegramente con los desembolsos del Fondo.  Si el precio de paridad no llega al límite inferior de la banda, el Fondo cubre esa diferencia en su totalidad.  A mediados de 2003, el Fondo estaba dotado con 10 millones de dólares EE.UU.

78.               Algunos carburantes están sujetos a impuestos específicos, además del IVA.  El impuesto sobre la gasolina se cifra actualmente en unos 171 dólares EE.UU. por m³ (unos 0,17 dólares EE.UU. por litro) y el que se aplica al gasóleo en 28,5 dólares EE.UU. por m³ (unos 0,28 dólares EE.UU. por litro).  Los combustibles utilizados en el proceso de producción por el sector industrial y por las empresas generadoras de electricidad no están sujetos a esos impuestos específicos.

5)                  Manufacturas

79.               A pesar de que ha aumentado su valor añadido en cifras reales, la contribución del sector manufacturero al PIB ha disminuido, pasando del 17,5 por ciento en 1996 al 16 por ciento en 2002.  Sin embargo, las autoridades indican que ese porcentaje no incluye las actividades de fundición, refinación y aleación, que se imputan al valor añadido del sector minero.  El empleo generado por el sector se redujo del 16,3 por ciento en 1996 al 14,2 por ciento en 2002.  La industria manufacturera de Chile hace un uso intensivo de recursos naturales locales, especialmente de los sectores pesquero, forestal y minero.  Las actividades más importantes del sector manufacturero de Chile son la elaboración y envasado de productos agropecuarios y la producción de productos químicos, papel y productos de acero (cuadro IV.9).  La inversión extranjera directa en el sector manufacturero fue de 567 millones de dólares EE.UU. anuales como promedio en el período comprendido entre 1996 y 2002.

Cuadro IV.9

Valor añadido en el sector manufacturero, 1996-2002

(Porcentaje y miles de millones de pesos chilenos)

..              No se dispone de datos.

Fuente:    Banco Central de Chile.

80.               Con arreglo a la clasificación de mercancías de la CUCI, las importaciones y exportaciones de productos manufacturados de Chile ascendieron en 2001 a 3.184 millones y 11.804 millones de dólares EE.UU., respectivamente.  Los principales lugares de destino de las manufacturas chilenas son los Estados Unidos (20,9 por ciento), la Argentina (10,6 por ciento), el Perú (9,1 por ciento), México (8,9 por ciento) y el Brasil (8,7 por ciento).  Las importaciones de productos manufacturados proceden principalmente de los Estados Unidos (28,7 por ciento), el Brasil (8,9 por ciento), Alemania (5,5 por ciento) y la Argentina (5,3 por ciento).  Chile es un importador neto de todas las categorías importantes de productos manufacturados y sus principales exportaciones en este sector son los productos químicos y otras semimanufacturas.  Las importaciones se centran en la maquinaria, el equipo de transporte y los productos químicos.

81.               La intervención del Estado en el sector es muy limitada.  Hay tres empresas manufactureras de propiedad estatal:  ASMAR, astillero militar cuyas ventas fueron de unos 70 millones de dólares EE.UU. en 2002, ENAER, la empresa aeronáutica nacional, cuyas ventas fueron de 100 millones de dólares EE.UU. en 2002, y FAMAE, que fabrica principalmente armas de fuego y otros productos relacionados con la defensa nacional y cuyas ventas ascendieron en 2002 a 1 millón de dólares EE.UU.

82.               En términos generales, Chile ha restringido la aplicación de medidas de política comercial como instrumento de política industrial.  Con arreglo a la definición de la CIIU, el tipo medio de los derechos aplicados al sector manufacturero era del 5,9 por ciento en marzo de 2003.  Con la excepción de 95 líneas arancelarias que están libres de derechos, todos los productos manufacturados están sujetos a un arancel NMF del 6 por ciento.  En la Ronda Uruguay, Chile consolidó todos los aranceles aplicados a los productos manufacturados a un tipo uniforme del 25 por ciento, salvo los seis productos para los que ya había consolidado los tipos a niveles inferiores en el marco de los compromisos contraídos antes de la Ronda Uruguay (capítulo III 2) iv) b)).  Al igual que otras actividades, el sector manufacturero puede acogerse a dos sistemas de reintegro de derechos y a un sistema de pago diferido de los derechos de aduana, así como a bonificaciones fiscales (capítulo III 3) v)).

83.               Desde su último examen en 1997, Chile ha adoptado cuatro medidas antidumping definitivas contra las importaciones de diferentes productos de acero procedentes de Rusia y Ucrania, pero ninguna de esas medidas sigue aún en vigor.  Desde que promulgó la legislación sobre medidas de salvaguardia en 1999, dos de las seis medidas definitivas que ha adoptado Chile se refieren a productos manufacturados, a saber, calcetines de fibra sintética y varios productos de acero (capítulo III 2) ix) b)).

84.               Además del impuesto sobre el valor añadido del 18 por ciento, se aplican impuestos específicos a algunos productos manufacturados.  Esos productos son las joyas, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, los vehículos y los productos del tabaco (capítulo III 2) vii)).  Los impuestos se aplican tanto a los productos nacionales como a los extranjeros.

85.               Desde 1997 no se ha modificado sustancialmente el marco jurídico que rige la inversión extranjera directa en el sector manufacturero.  El régimen de IED de Chile se basa en términos generales en el principio de no discriminación entre nacionales y extranjeros (capítulo II 4)).

86.               La industria chilena del automóvil es bastante reducida y consiste en dos pequeñas plantas de montaje de vehículos de motor.  La producción, que ha ido disminuyendo desde 1996, consiste en camionetas y vehículos automóviles de pasajeros, de los que se fabricaron 12.524 y 1.468 unidades, respectivamente, en 1999, último año para el que se dispone de datos.  Chile ha mantenido medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio en el sector del automóvil hasta febrero de 2003 (capítulo III 3) vii)).  Desde entonces no se ha adoptado ningún programa especial para la industria automotriz.  Otras medidas que se aplican a este sector son:  i) un impuesto específico sobre los vehículos, aplicable a partir de un determinado valor c.i.f. y ii) la prohibición de importar automóviles usados (capítulo III 2) vii) y viii)).

6)                  Servicios

i)                    Características principales

87.               En 2002 la contribución del sector de los servicios a la formación del PIB fue del 52,7 por ciento, frente al 51,7 por ciento en 1996.[20]  El empleo registró un mayor crecimiento en éste que en otros sectores;  en 2002, el 62,8 por ciento de la población económicamente activa trabajaba en el sector de los servicios, frente al 57,9 por ciento en 1996.  En 2001 las exportaciones e importaciones de Chile en el ámbito de los servicios ascendieron a 2.342 millones y 1.884 millones de pesos chilenos, respectivamente.

88.               Según cifras facilitadas por el Comité de Inversión Extranjera, en el período comprendido entre 1996 y 2002 la inversión extranjera directa en el sector de los servicios fue en promedio de 1.762 millones de dólares EE.UU. anuales.  La inversión extranjera en el sector de los servicios está sujeta a las disposiciones del Estatuto de la Inversión Extranjera o del capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central (capítulo II 4)).  En el transporte marítimo siguen existiendo excepciones sectoriales al acceso a los mercados.

89.               Como consecuencia de la política de privatización, que tiene ya una larga trayectoria, la participación del Estado en los servicios es muy reducida.  El Estado retiene la propiedad de BancoEstado, los servicios postales y ferroviarios y la televisión pública.  También es propietario de importantes puertos marítimos y aeropuertos, pero ha ido en aumento el número de éstos otorgados en concesión a operadores privados.  Las autoridades indican que la intervención del Estado en cualquiera de esos sectores no excluye en modo alguno la participación privada.  Desde el último examen de Chile en 1997, el proceso de privatización se ha centrado en la gestión de los recursos hídricos y en los puertos marítimos.

90.               En el marco de los preparativos para la Conferencia Ministerial de 1999, Chile, en cooperación con Australia y Nueva Zelandia, elaboró una propuesta en la que se indicaba que las negociaciones sobre servicios deberían mejorar de forma significativa el acceso de los países desarrollados y en desarrollo a los mercados, para lo cual las negociaciones deberían lograr mayores niveles de liberalización en todos los sectores de servicios, incluidos el transporte aéreo y el transporte marítimo;  la simplificación de las listas y mayor transparencia en los compromisos;  la limitación del alcance y del número de las exenciones del trato NMF;  y la elaboración de normas vinculantes sobre reglamentación nacional.[21]

91.               En las negociaciones en curso sobre los servicios, Chile ha puesto de relieve la importancia de eliminar la asimetría existente entre los compromisos asumidos por los Miembros respecto de los diferentes modos de suministro que se reconocen en el AGCS.[22]  Chile señaló con preocupación que los compromisos en el modo 4, a saber, el suministro de servicios mediante la presencia de personas físicas, son principalmente horizontales y están sujetos a muchas clases de limitaciones.  Además, esos compromisos están consolidados solamente para una pequeña subcategoría de personal de servicio relacionado con la presencia comercial o de alto nivel, mientras que muy pocos compromisos incluyen el movimiento de independientes.  Chile indicó que los sectores en los que tiene mayor interés son los servicios profesionales, construcción e ingeniería, transporte, telecomunicaciones, distribución y energía.

ii)                  Compromisos globales contraídos en el marco del AGCS y otros acuerdos

92.               La Lista de compromisos específicos de Chile en el ámbito del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC comprende compromisos en 7 de las 12 categorías de servicios (cuadro IV.10).[23]  En general, los compromisos contraídos por Chile en el marco del AGCS tienden a consolidar el marco normativo existente en el momento en que tuvieron lugar las negociaciones de la Ronda Uruguay.  Sin embargo, la política que se aplica es más liberal, en la mayor parte de los casos, que la que comportan dichos compromisos.

93.               Las limitaciones horizontales de la Lista de Chile contienen una disposición en virtud de la cual la autorización de inversiones extranjeras en los sectores de servicios puede depender de factores tales como el empleo, la utilización de insumos nacionales y la competencia.  Con arreglo a esas limitaciones horizontales, han de transcurrir tres años desde el momento en que se realiza la inversión para que los inversores extranjeros puedan transferir su capital fuera del país.  Sin embargo, en la práctica el Estatuto de la Inversión Extranjera (Decreto Ley Nº 600) permite las transferencias de capital al año de su entrada en Chile, y el capital ingresado en el país en virtud del capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central puede ser transferido en cualquier momento (capítulo II 3)).

Cuadro IV.10

Síntesis de los compromisos contraídos por Chile en el marco del AGCSª